Durante los primeros 13 años de este siglo el gobierno central
de Puerto Rico ha gastado un promedio de mil millones de dólares mensuales,
tomando prestado para cubrir los sobregiros. Doce meses por trece años suma a
$156,000,000,000.00 el total de gastos. De esa única cartera de $156 mil
millones es que se esfumaron los $72 mil millones, que ahora quedan a deber. (Las
corporaciones públicas del gobierno, como la AEE y la AAA, tienen su propio
berenjenal.)
Tenemos que presumir que las legislaturas de ambos
partidos estuvieron conscientes de ese despilfarro. Aprobaron los presupuestos
basados en ingresos ilusorios y aprobaron, sin mayor consideración, prestamos
por miles de millones de dólares para cubrir la insuficiencia de fondos. Esto
se hizo repetidamente bajo el mandato de ambos partidos. El liderazgo de ambos
partidos inventó subterfugios legales para poder seguir tomando prestado,
creando más deuda. Una deuda reconocida
desde el 2004 como una deuda ilegal o como le decían entonces: ‘extra-constitucional’.
Ya para el 2005 se caracterizó la deuda como una ‘deuda
estructural’. Lo que se traduce a una deuda que nunca se termina de pagar.
Fabricaron impuestos con el fin de pagar la deuda, pero esos nuevos ingresos se
usaron para garantizar el pago de aún más deuda. Y así siguieron tomando
prestado hasta que la chequera de ‘sorpresa’ se quedó sin fondos. Si no fuera
porque es ‘gobierno’ los líderes de ambos partidos que incurrieron en ese
esquema fraudulento estarían presos por raqueteros.
Lo único que puede aclarar quién, cómo, cuándo y en que se
‘consumieron’ esos miles de millones es con una auditoría independiente. O sea,
asegurarse que el cheque emitido, tenga su factura y que la factura va de
acuerdo al contrato. Esto se hace una vez al año en la empresa privada. La idea
es asegurarse que nadie esté haciendo trampa. El gobierno nunca lo ha hecho y ahora,
ese mismo liderazgo, se reafirma en negar una auditoria oficial.
¡El que calla otorga y el que hace callar a los demás es cómplice!
Antes de usar el dinero del pueblo para pagar una deuda
ilegal e ilegitima, es a la Junta Fiscal la que le corresponde exigir una
auditoria y señalar los culpables de este crimen y explicar cómo se va a
encauzar la recuperación de ese dinero robado. Si a la Junta no le interesa
saber quiénes y cómo quebraron al país, al pueblo tampoco le debe importar
pagar la deuda.
¡Ni un centavo más sin auditoria!
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