Hace
poco más de un año, el dramaturgo Roberto Ramos Perea, durante un programa de análisis
político dijo que las movidas de este gobierno están encaminadas hacia un golpe
de estado. Claro está, no lo volvieron a invitar a ese programa de televisión. La
creencia generalizada es que no puede haber un golpe de estado en una colonia
como la nuestra. Pero sí se puede y lo explico ahora.
Tradicionalmente
los golpes de estado se adscriben a los militares. Lo vimos en Chile, lo vimos
en España, en Grecia, en Turquía varias veces y en muchos otros lugares del
planeta. La gente sabe que el ejercito nuestro es de los Estados Unidos, no
nuestro, y esos militares no van a atacar la Fortaleza para arrestar o ejecutar
al gobernador de turno. Y en eso tienen la razón. Pero en muchos países se da
la situación donde el mismo gobernante continuamente se reelige y se perpetúa como
gobernante. Algo así como Rubén Berrios en el PIP, su presidente vitalicio.
Para
lograr esto, el gobierno que está planificando perpetuarse en el poder tiene
que hacer dos cosas fundamentales. Primero demostrar su poderío utilizando la policía,
que podríamos describir como el único ejercito que tenemos como nuestro, para
intimidar la población opositora con una represión agresiva y a la vez ir desacreditando
las instituciones que fundamentan la democracia. Tal como la separación de
poderes, los sistemas de justicia – leyes, cortes y fiscalías – y el de mayor fundamento:
el sistema electoral. En general,
desarticular las estructuras sociales que proveen la paz, la justicia y el respeto
al ciudadano.
Si
revisamos las páginas de nuestra prensa, durante este cuatrienio, podemos ver
como la policía se ha utilizado como herramienta de represión, maceteando a
estudiantes y trabajadores que se oponen a la política pública del partido en
el poder. Se ha inflado el número de jueces del Tribunal Supremo con el propósito
de adjudicase una mayoría y con eso el control de la Rama Judicial. Se han colocado
monigotes en las posiciones de mando del Departamento de Justica y la policía. La
legislatura ha intervenido con todas las ramas de gobierno democrático,
rebasando la separación de poderes con investigaciones fantasmas a la
judicatura y al ejecutivo. Y ahora, la
pieza que les faltaba, y que hoy se está implementando, es poner en tela de
juicio la validez del proceso electoral. Formula académica para robarse unas
elecciones. Algo que la maquinita para contar los votos electrónicamente facilitaría.
Es
simple. Digamos que se pierden las cajas con los votos – esto ya pasó cuando en
1980 se quemaron las papeletas por un fuego en la Urb. Valencia dónde estaban
almacenadas – imposibilitando un recuento. Ninguna investigación que pudiera
hacer la policía o el Departamento de Justicia va a tener credibilidad para el
pueblo. Y cuando el partido opositor recurra a los tribunales buscando remedio,
ya saben dónde va a parar el reclamo. A un Tribunal Supremo cargado de jueces político
partidistas - algo que ya se ha evidenciado – cuya sentencia la podemos
predecir.
Ahí
es que el autócrata se declara ganador. El pueblo pierde la fe, el interés en
los procesos democráticos y le dan la espalda al gobierno. Y en los siguientes comicios
se repiten los resultados, una y otra vez.
Igualito
que los hermanos Castro, pero, estos de aquí dicen que no son comunistas. ¿O lo serán?
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